El pasado martes se aprobó en el Senado de los Estados Unidos la ley que permitirá la inversión de un billón de dólares en infraestructuras en el país. Dentro de esta ley, de manera discreta se introdujo una cláusula para regular las criptomonedas.
El punto más controversial de esta cláusula es la definición de exchange, y por lo tanto, establecer qué organizaciones están obligadas a compartir información con la Agencia Tributaria estadounidense.
Esta cláusula proponía incluir en esta definición a las plataformas de finanzas descentralizadas. Las DeFi funcionan sin estructura y para estas organizaciones es imposible recabar toda la información que exigen las autoridades del país del Norte.
Aunque un grupo minoritario de senadores, encabezados por Ted Cruz y Cynthia Lummis, intentaron excluir a estas plataformas de la definición de exchange, finalmente esta enmienda fue rechazada, asestando un duro golpe al desarrollo de las finanzas descentralizadas.
Los políticos saben que la principal amenaza al monopolio monetario que les permite gastar y endeudarse sin límite son las criptomonedas. Por eso seguirán creando leyes hostiles contra ellas. Pero es difícil, casi imposible, que las puedan detener. Si le ponen obstáculos en un país, no tardarán mucho en migrar sus operaciones a otro país con regulaciones más amigables.
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